Venezuela, ¿cuál democracia?

Giordana García Sojo

 

Si bien la noción de democracia abarca un campo semántico amplio, en el caso venezolano ha devenido particularmente en un concepto impreciso y manipulable en aras de justificar el derrocamiento de un presidente electo por la mayoría del padrón electoral de su país. “Restauración democrática”, “cambio democrático”, “gobernabilidad democrática”, son frases cada vez más comunes cuando se hace referencia a Venezuela.

Desde Lima, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó recientemente que “el mensaje del presidente Trump es de apoyo a la oposición venezolana: estamos con ustedes, para ver la libertad nuevamente y que se ponga fin a la crisis humanitaria. Nicolás Maduro ha convertido la democracia en una dictadura”[1]. El diputado opositor Julio Borges, quien ha asumido con mayor visibilidad la campaña por intervenir Venezuela desde el exterior, expresa permanentemente afirmaciones como: “(…) frenamos el financiamiento internacional al gobierno por haber dejado de lado la democracia”[2] o “(…) juntos logramos que hoy los países democráticos estén presionando para que se restituya la democracia”[3]. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, maneja un discurso abiertamente antielectoral con respecto a Venezuela: “Esta dictadura no se va a ir por las buenas (…) hay que plantearse las variables de ruptura del régimen porque no hay proceso electoral válido en Venezuela”.[4]

Hay numerosos ejemplos de este tipo de enunciaciones. La sobreexposición del caso venezolano en la narrativa mediática logró posicionar un relato basado en la estigmatización a su Gobierno como dictatorial y en la necesidad de deponerlo mediante todas las medidas posibles, incluyendo el bloqueo financiero (ya en curso) y la anunciada intervención militar.[5]

Una de las estrategias de intervención en los asuntos venezolanos por vías alternas fue la creación de una coalición de países que -ante la imposibilidad de aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana de la OEA (pues no obtuvieron la mayoría de votos)[6]– idearon una plataforma denominada “Grupo de Lima”. Desde allí, los gobernantes de doce países de la región, dirigidos por el Gobierno de Estados Unidos, se han dado la tarea de atacar al Gobierno venezolano, llegando a presionar al Gobierno peruano para que retirara la invitación al presidente Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas.[7]

Paradójicamente, en nombre de la democracia y sin ningún soporte jurídico internacional, los presidentes del Grupo de Lima denuncian y toman resoluciones contra el Gobierno venezolano, aunque dicha coalición esté compuesta por Gobiernos implicados en fraudes electorales, golpes de Estado y destituciones por corrupción, como son los casos de Honduras, Brasil y Perú respectivamente.

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¿En nombre de cuál democracia?

Se ha convertido el término “democracia” en lo que el filósofo argentino Enrique Dussel llamara un “enunciado ideológico encubridor” que busca confundir en aras de un discurso cercano al sofisma[8]. La maquinaria internacional que se ha desplegado en contra del Gobierno de Nicolás Maduro involucra una importante inversión en dinero y, sobre todo, la motorización de intereses especiales, que van mucho más allá del derrocamiento de un Gobierno.

Por un lado, Washington puja por recuperar la primacía perdida por la emergencia de China y Rusia en la geopolítica mundial y opera para retomar su “patio trasero” luego de la década ganada por Gobiernos de izquierda en América Latina. Por otro, para nadie es un secreto que Venezuela posee una de las más importantes reservas del mundo de crudo y otros recursos, como oro y diamantes, que además son respaldo del petro, la criptomoneda lanzada al ruedo por el Gobierno venezolano y sancionada por el Gobierno de Trump[9]. Aunado a ello, en esta especie de revival de la Guerra Fría, el chavismo y lo que representa como un Gobierno que ha resistido 18 años de asedio político y económico internacional, es un hueso que molesta demasiado a la narrativa hegemónica. En estas circunstancias, aplicar la dicotomía democracia vs. dictadura mediante sistemáticas agresiones mediáticas y diplomáticas, ha sido la estrategia (nada novedosa por lo demás) para sembrar en el sentido común la posibilidad de una intervención financiera y militar en nombre de la democracia.

Pero ¿en nombre de cuál democracia? Hoy los líderes de la oposición al Gobierno venezolano se respaldan en la Constitución de 1999, cuando ellos mismos organizaron un golpe de Estado que disolvió todos los poderes públicos en 2002 y desconocieron en múltiples oportunidades la Carta Magna que inaugurara el Gobierno de Hugo Chávez[10]. Estos líderes han participado en 22 elecciones, rechazando los resultados sólo en las que no salieron favorecidos y, actualmente, son los voceros del abstencionismo y el desconocimiento de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018.

Democracia mainstream vs. Democracia participativa

El índice que mide la calidad democrática que calcula The Economist Intelligence Unit (EIU) ubica a Venezuela en el último puesto de la región, precedido por Cuba, Bolivia, Nicaragua y Honduras[11], los cuales serían “regímenes autoritarios” en contraposición a “democracias plenas” como las de Canadá y Estados Unidos. Este índice evalúa mediante encuestas y estudios de expertos, la calidad democrática según cinco valores: 1) Proceso electoral y pluralismo, 2) Participación política, 3) Cultura política, 4) Libertades civiles y derechos humanos básicos y 5) Calidad del funcionamiento del Gobierno.

Comparativamente, es considerable el sesgo y la sujeción al statu quo global que muestra este tipo de mediciones, además muy utilizadas y reproducidas en el ámbito internacional como herramientas de legitimación de ciertos discursos sobre otros. Un claro ejemplo es lo ocurrido con el cada vez más frecuente fenómeno de lawfare o judicialización de la política en América Latina[12], que utiliza a los poderes judiciales en función de los intereses de una clase política sobre otra, mostrando una total intervención de poderes, lo que atenta directamente contra el funcionamiento democrático de los Gobiernos. Otro ejemplo reciente es el ataque unilateral por parte de EE.UU., Francia y Reino Unido a Siria, en el que el ejecutivo estadounidense atacó aún sin contar con el permiso del Congreso. Sin embargo, ninguna de esas democracias son objeto del señalamiento reiterado que padece a diario el Gobierno venezolano.

Una mirada a la Democracia participativa

La Constitución venezolana instituye la noción de “democracia participativa y protagónica” con el propósito de ampliar el campo de acción de la democracia representativa o liberal que prevalecía en los Gobiernos anteriores al chavismo. La democracia representativa padeció de una grave crisis de legitimidad que junto con la aplicación de recortes económicos neoliberales provocaron en 1989 una rebelión popular de gran resonancia e impacto en la historia de América Latina, conocida como “el Caracazo”, y que años después diera pie al corrimiento electoral de la partidocracia instaurada por el Pacto de Punto Fijo (los partidos Acción Democrática y Copei alternándose acordadamente el poder) y a la posterior elección de Hugo Chávez como presidente.

Bajo la democracia participativa, el Estado venezolano busca desarrollar espacios de participación ciudadana y garantizar el acceso a derechos sociales a través de los programas denominados “misiones”. Las misiones atienden a la población en cuanto a educación, salud primaria y preventiva, vivienda y sistema de pensiones, entre otros derechos. La imagen de Venezuela que construye la mediática internacional no muestra estas políticas sociales que buscan profundizar el proceso democrático venezolano.

1.- Identidad y ciudadanía. En 1999 millones de personas no se encontraban registradas en ningún censo y no poseían cédula o carnet de identidad, lo que los excluía por completo de todo tipo de derechos, incluso del de votar. Con el programa Misión Identidad, el Gobierno de Hugo Chávez registró y ceduló a más de 18 millones de personas entre 2003 y 2006[13], dándoles el estatus de ciudadanos.

2.- Descentralización y actualización del sistema electoral. La reforma del sistema electoral de 2004 permitió reubicar y abrir nuevos centros de votación para descentralizar el acceso territorial al voto. También es significativa la inversión en innovación y tecnología que ha realizado el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano para mejorar el sistema de votación, que hoy en día es totalmente automatizado, puede ser auditado en todas sus fases y realiza autenticación biométrica del elector[14]. A pesar del ataque del que es objeto, el sistema electoral venezolano ha sido reconocido por diversos observadores internacionales como efectivo y confiable, incluso como el “mejor del mundo” como afirmara en 2012 el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter[15].

3.- Elecciones y voto. Desde 1999, es excepcional la alta cantidad de elecciones realizadas en Venezuela: en 18 años 23 elecciones, todas con un nivel de participación de más del 50% del electorado. A diferencia de países como Colombia o Chile, en Venezuela la abstención es muy baja, inclusive en elecciones regionales. En las elecciones de gobernadores de 2017 la abstención fue de 38,8%, muy por debajo de la abstención que ocurría en este tipo de elecciones regionales antes de 1999.[16]

4.- Educación gratuita en todos los niveles. La educación en Venezuela es gratuita desde la etapa inicial hasta la universidad, hecho que duplica la meta programada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que estipula que la educación pública y gratuita se garantice al menos por doce años, mientras que en Venezuela se cubre hasta los 24 años aproximadamente, pues incluye los estudios universitarios. El presupuesto actual en materia educativa alcanza 7,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), y el 70 % de la población estudiantil (más de 8 millones de personas) estudian es instituciones públicas. Los niños y jóvenes venezolanos son beneficiados con el programa Canaima, que distribuye gratuitamente computadoras en los niveles primario, secundario y universitario.[17]

5.- Seguridad social para personas mayores. Desde 1999, en Venezuela el número de personas pensionadas ha aumentado de 387.000 a más de 3 millones, un crecimiento que cubre al 90 % de la población adulta[18]. La Misión Amor Mayor, creada en 2011, prevé pensionar al 100 % de los adultos mayores al finalizar 2018.[19]

6.- Vivienda. La Gran Misión Vivienda Venezuela es una política que surge para atender a las familias damnificadas por las tormentas ocurridas en algunos estados de Venezuela en 2010. Se trata de la construcción de urbanismos en todo el territorio nacional que son vendidos a precios muy bajos a sus nuevos habitantes. Contempla también financiamientos para adquisición, autoconstrucción y mejoras de viviendas. Bajo esta modalidad, para el 2018 el Estado venezolano ha construido más de 2.000.000 de viviendas.[20]

7.- Organización ciudadana. En Venezuela se han ensayado distintas maneras de transferencia de poderes a la ciudadanía y formas de impulsar la organización. Desde los Consejos Comunales y las Comunas, hasta los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), sin estar exentos de contradicciones y complejidades, existen en Venezuela diversos espacios de organización para la resolución conjunta de necesidades comunitarias. Estas instancias de organización ciudadana cuentan con respaldo jurídico[21].

8.- Derechos de las mujeres. En 2007 se aprueba en el Congreso la Ley Orgánica para el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una de las normas jurídicas más avanzadas de la región. Contempla 19 formas de violencia e incorpora el femicidio y la inducción al suicidio[22]. Para combatir la violencia obstétrica, en 2017 el Ministerio de la Mujer lanzó el Plan Nacional de Parto Humanizado que promueve la formación de diez mil promotoras en parto humanizado para acompañar y orientar mujeres y familias en todo el territorio del país[23].

De la cultura política a la resolución económica

La enumeración de aciertos y políticas para garantizar el sistema democrático sólo pretende mostrar parte de la realidad que las corporaciones mediáticas no visibilizan. Si bien la crisis económica ha socavado el acceso a bienes y ha generado un ambiente de tensión latente en la ciudadanía, las políticas de acceso a derechos elementales no han dejado de existir. El sistema democrático venezolano pude tener desatinos como los tienen, y en gran medida, la mayoría de los países de la región, pero los logros en materia de ampliación de derechos son un hecho.

Ante las elecciones presidenciales de mayo, más que la pregunta por la democracia como un orden general, cabe la duda sobre la cultura política tan avanzada en Venezuela tras años de contiendas electorales y participación social. El ambiente electoral, antes asumido como un ritual colectivo nacional, ha cedido paso a la necesidad de resolución inmediata de la cotidianidad, pues la crisis económica se ha instalado como una realidad ineludible. El interés ciudadano ha desplazado el protagonismo de la política como arena de disputa cotidiana por la estabilidad económica, lo que, sin embargo, no oculta la imbricación que la situación económica tiene con la pugnacidad política entre el Gobierno y la derecha opositora, respaldada por el sector empresarial y por la comunidad internacional.

La presión y las sanciones económicas internacionales están muy lejos de aportar soluciones a las dificultades internas del país caribeño, antes bien son parte central del problema económico que éste atraviesa. Las elecciones presidenciales se proyectan como un posible tablero para zanjar la pugnacidad y arremetida contra el Gobierno y abrir la posibilidad de un acuerdo nacional que permita reestablecer las condiciones económicas y políticas adecuadas para seguir profundizando la democracia.